Marzo,
2020
ANÁLISIS
SOBRE LOS LIMITES DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN - CASO NEW YORK TIMES
VS. SULLIVAN.
Por: Mónica Roa - Asistente Legal,
Firma Víctor Mosquera Marín Abogados.
Abstract.
El caso New York Times vs. Sullivan,
se desarrolló en el marco del movimiento de la lucha por los derechos civiles
en la década de los 60´s. En el año de1960 el Comité para Defender a Martin
Luther King y la Lucha para la Libertad en el Sur decidieron publicar un
artículo periodístico en el New York Times, mediante el cual manifestaban su
apoyo a Martin Luther King. El anuncio fue titulado “Escuchad sus voces que se elevan” (“Heed Their Rising Voices”), y en el protestaban por los actos cometidos por órganos
gubernamentales, especialmente la policía en Montgomery – Alabama, quienes no
habían respetado los derechos civiles de afroamericanos sureños.
La Corte
Suprema de Justicia estableció que varias declaraciones en el anuncio eran
falsas o engañosas. Los hechos descritos no reflejaron la realidad de cómo se
desarrollaron los eventos, por lo que las críticas dirigidas contra la policía
fueron consideradas injustificadas. El Comisionado L.B. Sullivan demandó en una
acción por libelo debido a que como cabeza de la policía fue involucrado en las
falsas declaraciones del anuncio, a pesar de no haber sido nombrado de forma
explícita.
En el caso de estudio, la Corte
Suprema de Justicia de Estados Unidos determinó que para que una acción de
daños por difamación presentada por un funcionario público prospere contra un
medio de comunicación, tiene que probarse que el medio actuó con “real malicia”
al publicar la información.
I.
Introducción.
El
presente escrito tiene como finalidad analizar el caso New York Times vs.
Sullivan respecto de la interpretación de los límites del derecho a la libertad
de expresión. Siendo así, se procederá a desarrollar un breve contexto del caso
para continuar con el análisis de lo establecido por la Corte Suprema de
Justicia de los Estados Unidos.
II.
Contexto.
El 23 de marzo de 1960 se
presentó John Murray en las oficinas del New York Times para hacer los arreglos
relativos a la publicación de un aviso en el periódico. Se trataba de una comunicación perteneciente a una
organización denominada “Comité para la
Defensa de Martin Luther King y la lucha por la libertad en el sur”[1].
El aviso periodístico fue publicado en el New York Times el 29 de marzo de 1960
con el encabezado “Escuchad sus voces que se elevan” (“Heed Their Rising Voices”). Al finalizar el texto del aviso se encontraban los nombres de
sesenta y cuatro personas (64), quienes habían sido los patrocinadores, pues el costo del anuncio fue de 4.800
dólares, aproximadamente. Entre los patrocinadores se encontraban personas
de alto reconocimiento como Eleanor Roosevelt y veinte (20) pastores sureños.
El
artículo generó conflicto dado que se afirmaba que: “En la ciudad de Alabama, luego de
que los estudiantes cantaron una canción patriótica en la escalinata de la
legislatura estadual, sus jefes fueron expulsados de la Universidad y los
edificios de la Universidad de Alabama fueron rodeados por la policía, armada
de fusiles y proyectiles de gases. Cuando la totalidad de los manifestantes
expresó su protesta ante las autoridades estatales negando a reinscribirse, el
comedor estudiantil fue cerrado con el propósito de someterlos por el hambre...Una
y otra vez, los transgresores sureños han respondido a las pacíficas protestas
del Dr. Martin Luther King con la violación y la intimidación. Ellos han
arrojado bombas a su casa, llegando casi a matar a su esposa e hijo; lo han
agredido físicamente; lo han arrestado 7 veces por exceso de velocidad,
vagancia e infracciones similares, y ahora lo acusan por el delito de perjurio
que le puede acarrear la pena de 10 años de prisión”[2].
El
día siguiente a la publicación del comunicado, el Comisionado de la ciudad de
Montgomery, L. B. Sullivan, escribió
una carta al New York Times y a cuatro de las personas que aparecían en el
comunicado como luchadores por la libertad en el sur, requiriendo la retractación de lo dicho en el comunicado, pues, según el
Comisionado, las afirmaciones realizadas en el diario habían sido falsas y
difamatorias.
Ante
esto, los abogados del New York Times respondieron que no era posible la
retractación dado que el comunicado no mencionaba específicamente al
Comisionado Sullivan y que además los hechos suscritos eran sustancialmente
ciertos, motivo por el cual le solicitaron al Comisionado que precisara cual
era el motivo por el que el se sentía involucrado. El 19 de abril, el
Comisionado Sullivan inició una acción por libelo ante los Tribunales de
Montgomery, solicitando más de 500.000 dólares por concepto de reparación por
los daños causados[3].
En
este punto, vale la pena resaltar que el Gobernador de Alabama también se
dirigió al New York Times solicitando una retractación, pues consideraba que se
habían realizado afirmaciones deshonrosas. La respuesta del Times fue muy
diferente a la que le dieron al Comisionado, pues el New York Times publicó una nota pidiendo
disculpas al Gobernador Patterson, bajo el título “Retractación del Times por
las manifestaciones en el aviso”[4].
Ahora
bien, para que prosperara una acción por libelo era necesario demostrar que los
acusados habían realizado una publicación difamatoria[5] en contra de Sullivan. Los
argumentos usados por los abogados giraban entorno a que la referencia de las
actitudes adoptadas por la policía estaba ligada al nombre de Sullivan, pues
era él quien estaba a cargo del cuerpo policial.
El juicio fue decidido en
el Tribunal del Juez Walter Burgwyn Jones, concluyendo en tres días (desde el 1 hasta
el 3 de noviembre). El Juez Jones instruyó a los jurados y luego de dos horas el
jurado condenó al diario y a los cuatro pastores a pagar 500.000 dólares. El 30
de agosto de 1962, la Suprema Corte de Alabama confirmó el fallo, bajo las reglas del Common Law[6].
El 9 de marzo de 1964, el
fallo de la Corte de Alabama fue revocado por la Suprema Corte de Justicia. El
juez William J. Brennan fue el encargado de desarrollar el caso, quien luego de un análisis jurídico e histórico,
concluyó que las normas aplicadas al
caso (algunas normas del Common Law) eran inconstitucionales. Siendo así, resolvió el caso aplicando lo
que se llama como “actual malice” o “real malicia”.
III.
Análisis de la decisión de la Corte Suprema de Justicia
de los Estados Unidos sobre los limites del derecho a la libertad de expresión.
El juez Brennan comenzó
por analizar los argumentos de la Corte de Alabama. El primer argumento hacía
referencia a la Enmienda 14, la cual se dirigía contra la acción estatal pero
no contra la acción de los particulares. En respuesta a ello, el juez Brennan
indicó que, aunque se trataba de un litigio entre particulares, los tribunales
de Alabama habían aplicado una regla del derecho estatal que imponía
inadmisibles restricciones a la libertad de expresión y por ello, no interesaba
que esa ley se hubiese aplicado a civiles y formara parte del common law,
puesto que en definitiva lesionaba a todas luces garantías constitucionales.
El segundo argumento de
la Corte de Alabama expresaba que las garantías constitucionales de libertad de
expresión y de prensa no se aplicaban al caso New York Times porque se trataba
de un aviso que había sido pagado y se consideraba de carácter comercial. El
juez Brennan llegó a la conclusión que en el caso de estudio la publicación no
era un aviso comercial, puesto que expresaba opiniones y mediante este se
realizaban protestas. Adicionalmente, el
juez Brennan estableció que era indiferente si la publicación había sido paga o
no, pues igualmente era el modo en el que se ejercía la libertad de prensa. Además,
afirmó contundentemente que, si las palabras pretendidamente difamatorias están
protegidas por la Constitución, no pierden tal protección por haber sido
publicadas en la forma de un aviso pago[7].
En este sentido, el juez
Brennan afirmó respecto derecho a la libertad de expresión que:
“La protección de la Primera Enmienda a la libertad de expresión en
asuntos sobre cuestiones públicas, hace muchos años que ha sido decidida por
nuestros fallos. Hemos dicho que la garantía constitucional fue establecida
para asegurar el libre intercambio de ideas del cual emanan los cambios
sociales y políticos deseados por el pueblo. Mantener la libre discusión
política para lograr que el Gobierno responda a la voluntad del pueblo y que se
obtengan cambios por las vías legales, posibilidad esencial para la seguridad
de la “República”, es un principio fundamental de nuestro sistema
constitucional. Es un preciado privilegio americano poder expresar, aunque no
siempre con buen gusto, las propias opiniones sobre las instituciones públicas,
y ese privilegio debe acordarse no sólo para los debates abstractos sino
también frente a la defensa vigorosa de las ideas... Por eso debemos analizar
este caso partiendo de una profunda adhesión al principio de que la discusión
sobre los asuntos públicos debe ser desinhibida, sin trabas, vigorosa y
abierta, pudiendo incluir ataques vehementes, cáusticos y a veces
desagradablemente agudos, contra el gobierno y los funcionarios públicos. La
solicitada bajo análisis, como protesta y expresión de agravios referentes a
uno de los problemas principales del momento, parece quedar claramente incluida
dentro de la protección constitucional. La cuestión radica en si pierde tal
protección debido a la falsedad de algunas de sus afirmaciones sobre hechos y
pretendida difamación del demandante”[8].
De lo anterior, la Corte
Suprema de Justicia llegó a dos conclusiones primordiales para el caso de estudio:
i) que el temor por elevadas indemnizaciones por lo dicho en artículos
periodísticos podría servir como una forma de censura; y, ii) exigir la prueba
de la verdad a quien publica por el temor de no poder acreditar sus
manifestaciones ante un tribunal, sería censurar la libertad de expresión. De esta manera, de aceptar la decisión de la Corte de
Alabama se estaría limitando la amplitud del debate público, lo cual, a
criterio de la Corte, resultaba incompatible con la Primera Enmienda.
Sin embargo, no todos los
jueces que conformaban la Corte estuvieron de acuerdo con la decisión. En este
sentido, el voto de la minoría estuvo representado por el juez Black y en él se
estableció que solo era posible limitar la libertad de expresión cuando
existiera “actual malice” o “real
malicia”[9].
A
esta postura, se unió el Juez Goldberg, quien estableció que:
“(…) el impresionante despliegue de argumentos históricos
y de precedentes contenidos en el voto de la mayoría confirma mi convicción de
que la Constitución otorga a la prensa y a los ciudadanos una mayor protección
para el ejercicio de su derecho de crítica pública que el que le proporciona el
principio sentado por la mayoría. En mi opinión, las Enmienda 1 y 14 de la
Constitución acuerdan a la prensa y a los ciudadanos un privilegio absoluto e
incondicional para criticar la conducta oficial, pese a los daños que puedan
causar los excesos y abusos... Imponer la responsabilidad por comentarios
críticos a la conducta oficial, sean o no erróneos y aún dolorosos, resucitará
efectivamente la obsoleta doctrina de que los gobernados no deben criticar a
sus gobernantes.
(…)
Si el funcionario debe ser inmune ante las acciones por
difamación, de modo que su celo para servir al público no sufra menoscabo y no
se inhiba la valiente y efectiva administración de la política de gobierno,
también los particulares deben gozar de similar inmunidad ante las acciones por
difamación motivadas por sus críticas a la conducta oficial”[10].
En conclusión, la
Corte sostuvo que la Primera Enmienda protege a los periódicos incluso cuando
imprimen declaraciones falsas, siempre que los periódicos no actúen con
"malicia real". En este sentido, la “real malicia” implica que las
garantías constitucionales requieren una regla federal que impida a un
funcionario público ser indemnizado por razón de una manifestación inexacta y
difamatoria relacionada a su conducta oficial, a menos que se pruebe que fue
hecha con real malicia, es decir, con conocimiento de que era falsa o con una
temeraria despreocupación acerca de su verdad o falsedad.
[1] Lewis, Anthony, Make No Law, The Sullivan’s case and the First
Amendment. Vintage Books, New York, 1992.
[2] Citados por Badeni, Gregorio, “Doctrina
de la Real Malicia”. ADEPA, 1996, separata 23.
[3] Eduardo Andrés BERTONI. “New York Times vs. Sullivan” y la
malicia real de la doctrina. Instituto
Interamericano de Derechos Humanos Serie:
Estudios Básicos de Derechos Humanos - Tomo X. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/tablas/a12045.pdf
[4] Ibídem.
[5]
Una acción por difamación envuelve cuatro elementos: una afirmación falsa de
hechos relacionados con quien acciona; la misma, realizada a una tercera
persona sin ningún privilegio; haber lesionado el honor de quien acciona; y,
finalmente, haber causado perjuicio. Respecto de esto último, a veces se
presume y otras veces hay que probarlo: si la difamación es escrita o aparece
publicada, se llama libelo, y el perjuicio se presume; si la manifestación es
verbal y se imputa la comisión de un
crimen –entre otros ejemplos–, se llama slander per se, y el daño también se
presume. A su vez, el libelo se divide en per se cuando la difamación surge
claramente de las palabras, y per quod cuando el que recibe la expresión debe
conocer algo más para entender el sentido difamatorio
[6] Eduardo Andrés
BERTONI. “New York Times vs. Sullivan” y la malicia real de la doctrina.
Instituto Interamericano de Derechos Humanos Serie: Estudios Básicos de
Derechos Humanos - Tomo X. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/tablas/a12045.pdf.
[7] Ibídem.
[8] Ibídem.
[9] Entiéndase por real malicia la regla federal que impide a
un funcionario público ser indemnizado por razón de una manifestación inexacta
y difamatoria relacionada a su conducta oficial, a menos que se pruebe que fue
hecha con real malicia, es decir con conocimiento de que era falsa.
[10] Ibídem.
Comentarios
Publicar un comentario