INFORME DE LA REPÚBLICA ÁRABE SIRIA EN EL MARCO DEL 141o PERÍODO DE SESIONES - COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS

Durante los días 11 y 12 de Julio de 2024, La Fundación Derechos & Justicia Asociados, junto con la Firma Víctor Mosquera Marín Abogados, realizaron seguimiento a las sesiones 4130 y 4131 del Comité de Derechos Humanos, en la que se analizó la situación de los derechos humanos en la República Árabe Siria, en su cuarto reporte periódico presentado por dicho Estado. La República Árabe Siria se adhirió al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el año 1969, y desde entonces el Pacto pasó a ser parte de su legislación interna, siendo deber del Estado velar por el cumplimiento y la protección de los derechosde cada ciudadano, los cuales se encuentran en este instrumento. PRINCIPALES PUNTOS ABORDADOS EN EL 141o PERIODO DE SESIONES DEL COMITÉ FRENTE A LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA REPÚBLICA ÁRABE SIRIA. La Presidenta del Honorable Comité dio inicio a la sesión, otorgándole la palabra al jefe de la delegación del Estado para rendir su primera versión frente al cumplimiento con relación a sus obligaciones internacionales en materia de protección de los Derechos Humanos por parte de la República Árabe Siria. El Jefe de la delegación inició su intervención con un recuento desde 2011, cuando comenzó la guerra civil en Siria, enfatizando que desde entonces el Estado ha sido blanco de diversos ataques debido a la presencia de diferentes grupos terroristas en territorio Sirio. Esto ha provocado una guerra a lo largo del país, siendo el terrorismo el principal causante de la vulneración en los derechos humanos de sus ciudadanos. A pesar de estos desafíos, Siria ha trabajado para mantener su soberanía en el territorio nacional y ha implementado diversos programas para la entrega de ayudas humanitarias sin discriminación alguna, salvaguardando los Derechos Humanos y dando cumplimiento al Derecho Internacional Humanitario. En 2012, Siria introdujo una nueva Constitución con el fin de garantizar la protección de los derechos humanos, ofreciendo una perspectiva equilibrada entre los derechos individuales y colectivos. Además, ha venido desarrollando programas para apoyar a los desplazados internos, al igual que a quienes han salido del país en calidad de refugiados, buscando garantizar sus derechos y bienestar. Sin embargo, el país enfrenta otras dificultades debido a la imposición de sanciones por parte de Estados Unidos, lo que ha provocado un retroceso en el Estado de derecho e imposibilitado el desarrollo de diversos proyectos organizados por el Gobierno. Al terminar la intervención por parte del jefe de la delegación Siria, la presidenta del Comité dio la palabra a la Honorable miembro del Comité, la Sra. Helene Tigroudja, quien inició su intervención diciendo que el motivo de las sesiones es entender cómo se ha trabajado para proteger los derechos de la población, y cómo a través de un diálogo constructivo se puede evaluar de mejor manera la situación actual en el territorio. Sumado a esto, como segunda observación, mencionó que a pesar de las situaciones que han desestabilizado el país, el Estado y todas sus entidades deben seguir cumpliendo a cabalidad con la protección de sus ciudadanos sin discriminación alguna, dado que el Pacto es aplicable a todos los territorios gobernados por la República Árabe Siria. Luego, la Sra. Tigroudja formuló varias preguntas al Estado sirio para obtener claridad sobre diversas cuestiones: En relación con la política judicial contra la impunidad, la miembro del Comité expresó su preocupación sobre cómo se están llevando a cabo las investigaciones de los eventos de abril de 2023, cuando el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas informó sobre una operación militar al sur de Damasco. Cuestionado al Estado sobre los esfuerzos que se han realizado para recopilar testimonios, entre otras pruebas que permitan esclarecer los hechos. Además, planteó la inquietud sobre cómo se ha enfrentado el desafío en el acceso a la zona afectada para adelantarlas investigaciones necesarias. Por otro lado, consultó sobre las acciones tomadas por el Estado en relación con las desapariciones forzosas y el acceso a la verdad. Sugirió la creación de registros de desaparecidos y mencionó el fortalecimiento de los marcos legales para garantizar la investigación y el enjuiciamiento de los responsables de desapariciones forzadas. También destacó la importancia de promover la cooperación con organizaciones internacionales para apoyar estas iniciativas. Finalmente, recalcó la importancia de la colaboración entre el Estado y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en temas de migración y refugiados, destacando la necesidad de una cooperación estrecha y continua para abordar los desafíos humanitarios y garantizar la protección de los derechos. Seguidamente, el miembro del Comité, el Sr. Mahjoub El Haiba tomó la palabra y abordó varios temas críticos, de la siguiente manera: En relación con la no discriminación y la igualdad de género, mencionó que, aunque el informe del Estado afirma que se han garantizado los derechos de todos los ciudadanos, el Comité ha recibido información sobre diversos tipos de discriminación y violencia contra comunidades Sirias de origen kurdo o yazidí. Esta información incluye detenciones frecuentes y continuas para extraer confesiones, matrimonios forzados y otros tipos de violencias contra las mujeres kurdas y yazidíes. Después del terremoto, el Estado, a través del gobierno, no hizo llegar ayudas humanitarias a los territorios mayormente ocupados por comunidades kurdas, dejándolos sin asistencia. En este punto es importante traer a colación el artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que de manera taxativa menciona el deber que tiene el Estado sobre estas minorías étnicas. Además, mencionó la situación de las minorías sexuales en Siria, que no reciben ningún tipo de protección, ya que la misma legislación Siria penaliza las relaciones entre adultos del mismo sexo, los miembros de estas comunidades enfrentan abusos por parte de las autoridades tanto en puntos de control y centros policiales. Al terminar la ronda de preguntas de la primera sesión, la Presidenta del Comité dio el espacio para que la delegación de la República Árabe Siria contestara las preguntas realizadas por los diferentes miembros del Comité. Con lo anterior, el cuerpo diplomático y los distintos miembros que participaban desde Damasco contestaron de la siguiente manera: Sobre la impunidad y la aplicación del Pacto en el ordenamiento interno, la delegación del Estado explicó que las convenciones firmadas por Siria forman parte de su ordenamiento jurídico. Estas convenciones se revisan para asegurar que no contravengan las leyes internas, y una vez aprobadas se integran a la legislación del país, haciendo que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se encuentre incorporado en la legislación interna, siendo de obligatorio cumplimiento para los tribunales. Yaser Kisri, del Ministerio del Interior, abordó el tema de la impunidad, explicando que tanto el poder judicial ordinario como el militar defienden la soberanía del país y protegen a sus ciudadanos dentro del marco del Pacto, en donde a su vez se utilizan disposiciones penales para salvaguardar a los ciudadanos. En cuanto a los secuestros, se aplica estrictamente la ley a las personas que cometen estos delitos. Tanto el Código Penal como el de Procedimiento Civil no discriminan en la aplicación de la norma, y las denuncias se adelantan ante la Fiscalía a través de un proceso simplificado. En 2011 se creó un mecanismo en el Ministerio de Defensa para revisar las operaciones militares y las denuncias contra el personal militar, sin importar su rango; debido a esto, la delegación mencionó que, en los últimos años, las denuncias han disminuido significativamente. Respecto a la asistencia humanitaria, explicaron que existen mecanismos transparentes que logran garantizar que la ayuda llegue a quienes la necesitan, aunque a veces el acceso es difícil debido a que todavía existen territorios controlados por grupos terroristas. En cuanto a la violencia contra la mujer, el Ministerio de Justicia ha estado evaluando los textos legales para eliminar cualquier discriminación que se pueda interpretar de ellos. Como muestra de los avances en esta materia, se menciona la Ley 24 de 2018 que prohíbe el matrimonio fuera de los tribunales para limitar los matrimonios de menores; por otro lado, se están capacitando a los jueces en temas de igualdad de género. A manera de conclusión, a pesar de la presencia del Estado por medio de su cuerpo diplomático y su participación ante el Comité, las respuestas proporcionadas a las preguntas formuladas por los miembros del Comité no abordaron los temas de fondo. Citando a la Sra. Tigroudja, miembro del Comité, quien dijo al inicio de su intervención que estos espacios son importantes dado que permiten un diálogo abierto, logrando entender la realidad de los hechos dentro del territorio. Las respuestas proporcionadas por la delegación siria fueron generales, y sin soportes específicos de índole cuantitativo sobre las distintas gestiones llevadas a cabo por el Estado. Sin detalles concretos y en constante cuestión por la sociedad civil, por lo que resulta difícil evaluar la situación actual de los ciudadanos y cómo se están salvaguardando sus derechos. Después de escuchar las intervenciones de la delegación de la República Árabe Siria, y los honorables miembros del Comité, la Firma Víctor Mosquera Marín Abogados y la Fundación Derechos & Justicia Asociados, de cara a los hallazgos efectuados en el 141o Periodo de Sesiones del Comité frente a la situación actual de los derechos humanos en el Estado de la República Árabe Siria, se permiten efectuar las siguientes recomendaciones respetuosas a las autoridades de dicho Estado: 1. Adoptar medidas legislativas y establecer políticas para garantizar el fortalecimiento judicial, creando independencia entre distintos tribunales de conformidad con los artículos 6 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR). Las autoridades sirias deberán implementar mecanismos que permitan escoger a los jueces de tribunales sin influencia política o militar, para que estos puedan operar de manera transparente, preservando así su imparcialidad y autonomía. Además, es fundamental proporcionar capacitaciones periódicas en derechos humanos y derecho internacional humanitario a los operadores de justicia, asegurando que estén equipados con el conocimiento y las habilidades necesarias para proteger y promover los derechos de los ciudadanos. 2. Crear o permitir una Comisión de Seguimiento interna, independiente al sistema judicial, para vigilar que los procedimientos judiciales estén cumpliendo las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR). El Estado deberá crear organismos independientes que supervisen las actividades investigativas para garantizar los derechos humanos. Asimismo, las entidades sujetas a vigilancia por parte de la Comisión deberán facilitar el acceso a la información y expedientes sobre investigaciones. Además de los procedimientos judiciales que se adelantan en sus despachos relacionadas a las violaciones de derechos humanos. De esta manera se asegura que las autoridades puedan ser sancionadas por sus acciones u omisiones en la protección de los derechos fundamentales. 3. Adoptar medidas legislativas y establecer políticas para garantizar la eliminación de la violencia y la discriminación contra las minorías y grupos étnicos de conformidad con los artículos 4, 20,26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(ICCPR). Es fundamental que el Estado adopte medidas que protejan a las comunidades minoritarias, sin importar su lugar de asentamiento. Esto incluye implementar políticas efectivas que combatan la discriminación y la violencia hacia minorías étnicas, religiosas y sexuales, asegurando que todos los ciudadanos gocen de igualdad y protección ante la ley, con un deber reforzado por parte del Estado sobre estas comunidades, pues ellas son sujetas a constantes ataques por grupos terroristas. El Estado debe promover acciones que gesten un entorno de respeto y equidad entre todos sus ciudadanos; de esta manera se garantizará que se fortalezca el tejido social y la cohesión nacional, valorando la diversidad cultural y étnica del país, dando así cumplimiento a la Constitución Siria. 4. Adoptar medidas legislativas, al igual que establecer políticas para garantizar la eliminación de la violencia contra la mujer y garantizar la igualdad de género de conformidad con los artículos 3 y 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR). El Estado debe adoptar medidas legislativas para reformar las leyes vigentes que contengan algún tipo de discriminación contra la mujer, asegurando un marco legal que promueva la equidad de género. Además, se deben implementar programas que garanticen la participación activa en los procesos de toma de decisiones, teniendo en cuenta su punto de vista. También es crucial fortalecer y facilitar a las víctimas de violencias de género un mecanismo que permita interponer denuncias manteniendo su integridad. 5. Adoptar medidas legislativas y establecer políticas para garantizar la participación ciudadana que permitan la libertad de opinión y expresión de conformidad con los artículos 2, 18, 19 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR). El Estado debe promover y crear espacios abiertos que permitan el diálogo con la sociedad civil, con el fin de escuchar sus preocupaciones y contribuir activamente en la formulación de políticas públicas. Además, se deben establecer medidas para proteger a los defensores de derechos humanos, activistas sociales y periodistas, asegurando su integridad, además de otorgarles libertad para operar sin temor a represalias. Juan Martin Quintero Cuartas Estudiante de Jurisprudencia Universidad del Rosario Asistente Legal Víctor Mosquera Marín Abogados